Justicia: ¿qué reforma? fue el título de una llamativa editorial de El País que se ha publicado esta semana. Ironizando, sin demasiada originalidad, alrededor de las reformas sobre la Justicia y su colapso final para -en la línea gubernamental- cuestionar la exactitud de la denunciada precariedad de medios y proyectar el foco sobre la responsabilidad de los jueces. Digamos, también, que concede la inadecuación de los métodos, ciertos ' sistemas informáticos interconexionados y no disociados entre sí', y que cuando exige que el juez sea el responsable último del sistema judicial español, lo que está pensando es en atribuirle la responsabilidad digamos política. Expresión ésta última que nos lleva a sospechar que el editorialista se ha visto con serias dificultades para encontrar, en los últimos desastres, responsable político alguno.
Sin embargo no es cierto que 'ningún otro ámbito administrativo' haya estado sometido 'a una pulsión reformista tan persistente y publicitada, incluidos rimbombantes pactos'; en absoluto. Y tampoco es muy exacto calificar la reforma que proyecta el Ministerio como una simple 'reordenación de la oficina judicial', minimizando su importancia. El Anteproyecto de reforma de la legislación procesal, de fecha 18 de julio de 2008, inicia su Exposición de Motivos con una rotundidad que difiere bastante de la apreciación periodística:
"La reforma de la Justicia se ha convertido en un objetivo crucial e inaplazable"
Y acomete el Anteproyecto, en un documento que se extiende en doscientos cuarenta y seis folios, 'la reforma de todas las leyes procesales' y varias más, afectando a novecientas disposiciones legales, en una reforma que, principalmente, gira alrededor de las funciones del secretario judicial. Ante semejante maelstrom reformista resulta utilísimo consultar el reciente dictamen del Consejo General del Poder Judicial, previo a la presentación del Proyecto en las Cortes, que encontramos en el excelente fondo documental de su página web. Además de la distribución hacia los secretarios de muchas decisiones que estaban encomendadas a los jueces y magistrados, se pretenden modificar los límites del juicio monitorio, modificar la segunda instancia penal, introducir las grabaciones en víedo de los juicios en todas las jurisdicciones, la firma digital de las actas de los juicios o abrir el cauce a las subastas judiciales on-line, entre otras muchas variaciones de toda índole, que suscitan y merecen muchos comentarios.
Pero, dando la espalda a los atractivos contenidos de esta reforma, es preciso volver sobre esos lustros de persistentes y publicitadas reformas, y deshacer el equívoco. Nada mejor para ello que acudir al magnífico libro Mitos y ritos de la Administración española de Luis Fernando Crespo Montes (INAP, 2003) y tomar el pulso a la organización del Ministerio de Justicia. Ministerio 'resguardado de los vientos de la reforma' ya en los años cincuenta, antiguo y anticuado, y que cuando se inicia la transición política se hallaba en una situación en la que, como con inusual comicidad señala el autor, 'hablar de planificación o programación, de objetivos y metas, de plazos y unidades responsables era como pretender que el homo erectus llorara de emoción con un aria de Mozart si la hubiere escuchado en plena sabana'.
La descentralización tardía en la gestión de medios y materiales se inciará en los años ochenta y será posteriormente, en un lento tejer y destejer que no parece tomar forma hasta finales de los años noventa, cuando comience a dar sus frutos, sobre todo, a partir del impulso de las transferencias de competencias a las Comunidades Autónomas y su decidido empeño en incrementar las inversiones en Justicia.
Es innegable que, como señala Crespo, y recoge en cierta medida el editorial, tanto plan, libro blanco, reformas y programas, producen cierta fatiga en ciudadanos, políticos y funcionarios. Que, como en frase de Martín-Retortillo recogida por Crespo, 'la valoración de las reformas administrativas de todos los paises y de todos los tiempos, ha sido siempre negativa y decepcionante. Demasiado ruido y pocas nueces.' Que, en definitiva, en palabras esta vez de Juan Manuel Eguiagaray, modernización es 'sobre todo, una estrategia de cambio y una concurrencia de ilusiones para mejorar'.
Sin embargo no es cierto que 'ningún otro ámbito administrativo' haya estado sometido 'a una pulsión reformista tan persistente y publicitada, incluidos rimbombantes pactos'; en absoluto. Y tampoco es muy exacto calificar la reforma que proyecta el Ministerio como una simple 'reordenación de la oficina judicial', minimizando su importancia. El Anteproyecto de reforma de la legislación procesal, de fecha 18 de julio de 2008, inicia su Exposición de Motivos con una rotundidad que difiere bastante de la apreciación periodística:
"La reforma de la Justicia se ha convertido en un objetivo crucial e inaplazable"
Y acomete el Anteproyecto, en un documento que se extiende en doscientos cuarenta y seis folios, 'la reforma de todas las leyes procesales' y varias más, afectando a novecientas disposiciones legales, en una reforma que, principalmente, gira alrededor de las funciones del secretario judicial. Ante semejante maelstrom reformista resulta utilísimo consultar el reciente dictamen del Consejo General del Poder Judicial, previo a la presentación del Proyecto en las Cortes, que encontramos en el excelente fondo documental de su página web. Además de la distribución hacia los secretarios de muchas decisiones que estaban encomendadas a los jueces y magistrados, se pretenden modificar los límites del juicio monitorio, modificar la segunda instancia penal, introducir las grabaciones en víedo de los juicios en todas las jurisdicciones, la firma digital de las actas de los juicios o abrir el cauce a las subastas judiciales on-line, entre otras muchas variaciones de toda índole, que suscitan y merecen muchos comentarios.
Pero, dando la espalda a los atractivos contenidos de esta reforma, es preciso volver sobre esos lustros de persistentes y publicitadas reformas, y deshacer el equívoco. Nada mejor para ello que acudir al magnífico libro Mitos y ritos de la Administración española de Luis Fernando Crespo Montes (INAP, 2003) y tomar el pulso a la organización del Ministerio de Justicia. Ministerio 'resguardado de los vientos de la reforma' ya en los años cincuenta, antiguo y anticuado, y que cuando se inicia la transición política se hallaba en una situación en la que, como con inusual comicidad señala el autor, 'hablar de planificación o programación, de objetivos y metas, de plazos y unidades responsables era como pretender que el homo erectus llorara de emoción con un aria de Mozart si la hubiere escuchado en plena sabana'.
La descentralización tardía en la gestión de medios y materiales se inciará en los años ochenta y será posteriormente, en un lento tejer y destejer que no parece tomar forma hasta finales de los años noventa, cuando comience a dar sus frutos, sobre todo, a partir del impulso de las transferencias de competencias a las Comunidades Autónomas y su decidido empeño en incrementar las inversiones en Justicia.
Es innegable que, como señala Crespo, y recoge en cierta medida el editorial, tanto plan, libro blanco, reformas y programas, producen cierta fatiga en ciudadanos, políticos y funcionarios. Que, como en frase de Martín-Retortillo recogida por Crespo, 'la valoración de las reformas administrativas de todos los paises y de todos los tiempos, ha sido siempre negativa y decepcionante. Demasiado ruido y pocas nueces.' Que, en definitiva, en palabras esta vez de Juan Manuel Eguiagaray, modernización es 'sobre todo, una estrategia de cambio y una concurrencia de ilusiones para mejorar'.
